PRESOS CON DOMICILIARIA Y “GARANTES”

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No hay tobilleras electrónicas para todos. Al menos en el ámbito del sistema penitenciario y judicial bonaerense. Al menos para todos los que piden ser excarcelados para seguir cumpliendo la condena en el domicilio que asentaron al momento de entrar a prisión, de mínima, mientras dure la pandemia del coronavirus.

El juez Víctor Violini, de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, hizo lugar a un hábeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para aquellos detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo ante el posible contagio del Covid-19. Eso ocurrió el 8 de abril.

Días más tarde, el 22, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos aires ordenó a los jueces que ejecuten en forma “inmediata” la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses por integren el grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus y que hayan cometido delitos leves, pero advirtió que la decisión de la excarcelación debe ser comunicada a la víctima del delito que cometió el detenido.

La resolución fue dispuesta por el titular de Casación, Ricardo Borinsky, debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplían con el fallo inicial de Violini. Ya en esa fecha, incluso antes, incluso después, las excarcelaciones bajo el argumento de ese hábeas corpus se sucedieron a diario. El tema se transformó en polémica y por estas horas ocupa el mismo espacio de trascendencia y de atención en la sociedad que el número de contagiados por el virus en el país o el impacto negativo en la economía.

Se da por hecho que no hay suficientes dispositivos electrónicos para monitorear a todos los excarcelados y allí entra en escena otra figura, la del “garante”. El domicilio de referencia del detenido es el que fija al momento de recibir la morigeración de la pena, de la excarcelación o la prision domiciliaria.

En la provincia de Buenos Aires, técnicamente, todo delito que tenga una pena de prisión menor a 8 años es excarcelable. Un robo, por ejemplo, que tiene una pena de 6 años, si el acusado no tiene antecedentes penales, sería excarcelable. Existen otros escenarios pasibles de excarcelación. Pero si tiene antecedentes, la excarcelación no avanza.

Ocurre, y ese es uno de los puntos claves en la problemática de la superpoblación y del posterior hacinamiento, que muchos detenidos en el SPB quizá lo estén por delitos menores o leves pero con un amplio cúmulo de antecedentes. No deberían ser excarcelados.

Las morigeraciones a la prisión preventiva o a las domiciliarias es el foco caliente en esta polémica. Hubo muchos pedidos, todos con argumentaciones en torno a la problemática de la pandemia. El fallo del Violini activó esas “circunstancias de excepción” y comenzaron las excarcelaciones. Ya definidas, el otro capítulo es cómo se monitorea a los condenados.

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA UN PRESO POR DELITO DE LESA HUMANIDAD

 

Cuando se otorga una domiciliaria, el juez define en qué condiciones se da: con tobillera o sin tobillera, con un chequeo de la fuerza de seguridad de la jurisdicción que debe pasar a asegurarse que esté en ese domicilio (puede ser hasta tres veces por día) o sin ninguno de esos dos formatos: con “garante”. También si interviene o no el Patronato de Liberados. Puede no imponer esa condición.

En el caso de aceptar que exclusivamente un “garante” se haga responsable, técnicamente esa domiciliaria se transforma en una variante de una preventiva. La persona puede salir, circular, con esa persona encargada del cumplimiento. Todo depende de la confianza que el juez tenga en el detenido y en ese escenario de control. A veces, incluso con monitoreo electrónico, igual se suma un “garante”.

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“Doy fe me que no se va a escapar”. Con esa declaración y una firma alcanza para que un acompañante de un condenado puede llevárselo al domicilio acreditado. Queda un capítulo más en esta cadena de controles y es la responsabilidad del “garante”. La pregunta se cae de madura. Y la responde un integrante del sistema judicial bonaerense.

–Ese garante, ante un incumplimiento o una fuga, ¿enfrentaría una causa por facilitación de fuga, encubrimiento, algo por el estilo?

–No, nada, en absoluto.